Las autoridades allanaron una casa, interrumpieron un servicio religioso familiar y exigieron multa para liberar a los ocupantes.
Once cristianos evangélicos fueron detenidos el viernes pasado (16) por autoridades comunitarias en México tras negarse a participar en una tradicional celebración comunitaria católica.
Las detenciones ocurrieron en la comunidad de Pinar Salinas, en el municipio de Zinacantán, en los Altos de Chiapas, donde las autoridades exigieron el pago de una multa de 100 mil pesos para liberar a los detenidos.
Según Antonio Vázquez Méndez, representante de los evangélicos, la detención se produjo alrededor de las 11:00 horas, cuando autoridades locales, acompañadas de otras personas, allanaron una casa donde se encontraban reunidos cristianos para un servicio.
Los 11 fueron sacados a la fuerza, agredidos y llevados a la cárcel comunitaria, donde permanecieron presos.
“Estamos aquí para solicitar la intervención del gobierno estatal, porque lo que está sucediendo no es justo. No estamos en los años 70 ni en los 80, estamos en 2026 y, lamentablemente, la intolerancia religiosa aún existe”, declaró Vázquez Méndez a la prensa.
Tras varias horas de reuniones con autoridades locales y estatales, incluido el alcalde de Zinacantán, José Pérez Martínez, se llegó a un acuerdo para liberar a los cristianos sin el pago de la multa.
Según Evangélico Digital, incluso después de pasar dos días detenidos, los cristianos sufrieron un castigo adicional cuando se les cortó el suministro de agua y electricidad a sus casas.
‘La persecución se intensificó’
Las autoridades tradicionales del municipio han declinado hacer comentarios sobre las denuncias de intolerancia religiosa en esta zona del Altiplano chiapaneco.
Según Antonio, este no es un caso aislado. Afirmó que el conflicto religioso en la región existe desde al menos 2010, cuando quienes se convirtieron al cristianismo comenzaron a ser perseguidos, encarcelados y privados de servicios básicos.
El dirigente denunció que desde hace casi cuatro años varias familias evangélicas viven sin agua, luz y acceso a la escuela para sus hijos, además de sufrir amenazas de desalojo e incluso de muerte.
“Cuando una familia decide cambiar de fe, lo que hacen es arrestarla, suspender sus servicios y presionarla hasta que cambie de opinión. Pero esta familia se mantuvo firme, y por eso la persecución se intensificó”, afirmó.
Antonio también afirmó que la multa exigida carece de fundamento legal, ya que los evangélicos no cometieron ningún delito. Enfatizó que, a pesar de los intentos de las autoridades de alegar que el caso no está relacionado con la religión, la detención ocurrió durante un servicio religioso, lo que demuestra que se trata de un caso de persecución religiosa.
Por último, pidió al gobierno estatal que intervenga urgentemente, garantice el fin de las detenciones y multas injustas y respete la libertad religiosa, garantizada por la Constitución del país.
“Queremos vivir en paz, armonía y respeto. Queremos que no haya más violencia ni expulsiones por motivos religiosos”, concluyó.
