El Parlamento italiano aprobó la semana pasada una nueva ley que limita la enseñanza de temas relacionados con orientación sexual, identidad de género y diversidad familiar en las escuelas primarias y secundarias, exigiendo el consentimiento expreso de los padres para cualquier actividad o material didáctico al respecto.
La legislación también prohíbe de manera explícita la entrada de activistas LGTBI en colegios públicos y privados.
La iniciativa, presentada por el partido Fratelli d’Italia y respaldada por la coalición de gobierno encabezada por Giorgia Meloni, se fundamenta en el principio de “primacía del derecho de los padres en la educación de los hijos”. Según los legisladores, la medida busca garantizar que las familias tengan un control directo sobre la información y valores que se transmiten a los menores.
“El respeto al derecho fundamental de los padres a decidir y a estar informados del tipo de educación sexual y de valores que reciben sus hijos capta cada vez más consenso en Europa”, afirmó el diputado Fabio Rampelli. Por su parte, el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, defendió la ley señalando que la escuela debe mantener neutralidad y que no es lugar de adoctrinamiento ideológico.
La norma surge tras protestas de asociaciones parentales que criticaban la “presencia excesiva” de temas controvertidos y charlas con activistas externos en horario escolar sin autorización familiar. La legislación estipula que cualquier taller o material sobre diversidad sexual o de género debe contar con la aprobación previa de los padres, quienes podrán negar la participación de sus hijos.
La medida ha generado un intenso debate nacional e internacional. Defensores argumentan que protege la libertad de las familias y evita imposiciones ideológicas, mientras que organizaciones LGTBI advierten que representa un retroceso en derechos y visibilidad.
Aun así, la ley obtuvo mayoría tanto en la Cámara como en el Senado, posicionando a Italia como uno de los países europeos más firmes en reforzar el control parental sobre la educación en temas sensibles.
Fuentes oficiales aseguran que la legislación no interfiere con la protección contra la discriminación LGTBI, sino que busca garantizar que los contenidos educativos respeten la libertad de conciencia y las convicciones familiares.
