El juicio penal contra el pastor jubilado Clive Johnston, conocido como el “predicador de Juan 3:16”, fue fijado para el 17 de diciembre en Irlanda del Norte, acusado de violar la ley de “zonas de acceso seguro” al predicar cerca de un hospital donde se practican abortos.
La predicación al aire libre se basó únicamente en Juan 3:16 y no mencionó el aborto, lo que ha generado preocupación por un posible choque entre las normas de censura alrededor de clínicas abortivas y la libertad de expresión religiosa.
Johnston, de 76 años, ex presidente de la Asociación de Iglesias Bautistas en Irlanda, dirigió un servicio dominical frente al Hospital Causeway en Coleraine, situado en los márgenes de una de las ocho zonas de censura establecidas por la ley Abortion Services (Safe Access Zones) Act.
La policía sostiene que el pastor intentó “influir” en personas que accedían a los servicios de aborto y que no abandonó el lugar cuando se le pidió, cargos que él niega.
La normativa, en vigor desde 2023, prohíbe en esas áreas actividades que puedan “impedir, registrar, influir o causar acoso, alarma o angustia” a quienes acuden a abortar, pero no distingue entre protestas y actos de culto que no mencionan el tema.
El Instituto Cristiano, que apoya la defensa de Johnston, denuncia que se está usando una ley pensada para frenar piquetes como herramienta para criminalizar la predicación del evangelio.
Simon Calvert, subdirector del Instituto Cristiano, calificó el caso de “fundamentalmente injusto”. Señaló que “no es razonable ni racional sugerir que predicar el evangelio, sin referencia al aborto, sea una protesta contra el aborto”, y advirtió que, si se condena a un anciano por hablar del amor de Dios, cualquier otro tipo de expresión pacífica en esas zonas podría ser perseguida.
El propio Johnston ha recurrido a un destacado jurista, el ex fiscal general de Irlanda del Norte John Larkin KC, para plantear que jueces superiores analicen si la ley realmente puede extenderse hasta prohibir actos de adoración ajenos al aborto. Ha presentado una declaración de no culpabilidad y su caso podría terminar convirtiéndose en un precedente clave sobre los límites de las “buffer zones”.
Organizaciones cristianas de Europa han alertado que este proceso encaja en un patrón más amplio de restricciones a la expresión pública de la fe.
Para muchos creyentes, ver a un pastor sentado en el banquillo por predicar Juan 3:16 cerca de un hospital plantea una pregunta de fondo: si el evangelio puede ser prohibido en ese espacio público, ¿dónde más podría ser silenciado en el futuro?.
