Alexander Verdecia, un disidente cristiano y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), enfrenta una posible condena de 10 años de prisión por sus publicaciones críticas al régimen comunista cubano en Facebook.
Verdecia, de 51 años, fue arrestado en febrero y acusado de “propaganda contra el orden constitucional” debido a sus denuncias en línea sobre la pobreza y la opresión gubernamental en Río Cauto, su lugar de residencia.
Desde su detención, Verdecia permanece encarcelado en la prisión de Las Mangas en Bayamo, bajo condiciones duras y sin fecha de juicio. Según informes, duerme en el suelo con solo cartón como colchón y recibe alimentos insuficientes, lo que refleja el trato inhumano que sufren muchos presos políticos en Cuba.
La esposa de Verdecia, Eliannis Villavicencio, declaró a Martí Noticias que las autoridades le entregaron un documento con la propuesta de condena de diez años. Ante la falta de confianza en el sistema judicial, la pareja decidió que Alexander se representará a sí mismo en el juicio, pues consideran inútil contratar abogados alineados con el gobierno, que ya tienen el resultado predeterminado.
Villavicencio expresó con dolor que “en Cuba, pensar diferente es peor que matar a una persona”, denunciando que su esposo es tratado como un criminal violento solo por defender la libertad y condiciones básicas de vida. Además, las autoridades han restringido sus comunicaciones, revocándole el uso del teléfono y permitiendo solo llamadas monitoreadas para evitar que reporte las condiciones de la cárcel.
La esposa también busca apoyo para obtener una copia de la Constitución cubana y del Código de Procedimiento Penal, con el fin de preparar una defensa legal sólida contra las acusaciones infundadas. “Es bueno estar preparado para refutar todas sus mentiras y tonterías”, escribió en redes sociales, haciendo un llamado a la justicia y la libertad para todos los presos políticos.
Este caso no es aislado. Verdecia ha sido sancionado seis veces por motivos políticos. En 2014 fue despedido de una empresa estatal de arroz por su participación en “Sacerdotes por el Cambio”, un grupo cristiano que se opone al control gubernamental sobre las instituciones religiosas. Su persecución constante evidencia la intolerancia del régimen cubano hacia la disidencia y la libertad religiosa.
Este caso es un recordatorio del costo que muchos pagan por mantener su fe y su voz en contextos de represión.