El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó el 22 de junio la Ley SB 10, que exige la exhibición obligatoria de los Diez Mandamientos en todas las aulas de las escuelas públicas del estado. La medida, que entrará en vigor el 1 de septiembre, convierte a Texas en el mayor estado de EE.UU en promulgar una norma de este tipo, en medio de un intenso debate nacional sobre la libertad religiosa y la separación entre Iglesia y Estado.
La nueva ley determina que cada sala de clase debe contar con un cartel o cuadro de 40 x 50 centímetros (16 x 20 pulgadas), con una versión específica en inglés de los Diez Mandamientos, en un lugar visible y legible para todos los estudiantes. Las escuelas podrán utilizar fondos del distrito o aceptar donaciones privadas para cumplir la exigencia. El texto fue aprobado por la 89ª Sesión Legislativa Regular, impulsado por legisladores republicanos y grupos conservadores que argumentan que los mandamientos son la base moral y religiosa de la nación.
En su declaración oficial, Abbott afirmó: “Hoy firmé una legislación crucial que protege la seguridad de los texanos y salvaguarda las libertades individuales sobre las que nuestro gran estado fue fundado”. El gobernador también sancionó leyes que permiten un periodo diario voluntario de oración o lectura de textos religiosos para alumnos y empleados durante el horario escolar, ampliando el alcance de la expresión religiosa en el sistema educativo estatal.
Defensores de la medida, como Jonathan Saenz, presidente de Texas Values, celebraron la ley como una “bendición del tamaño de Texas”, argumentando que la presencia de los Diez Mandamientos en las aulas refuerza la herencia religiosa del país, así como ocurre en el Capitolio estatal y la Corte Suprema de EE.UU Matt Krause, del First Liberty Institute, sostuvo que la ley está en línea con precedentes de la Corte Suprema que reconocen la historia religiosa de la nación.
La legislación cita como base la decisión de la Corte Suprema de EE.UU en el caso Kennedy v. Bremerton School District (2022), que reconoció el derecho de un entrenador a orar en público tras los partidos, interpretando que no viola la Primera Enmienda. Sin embargo, críticos advierten que la medida podría ser inconstitucional y violar la separación entre Iglesia y Estado, especialmente en un sistema educativo que atiende a casi 6 millones de estudiantes de diversas creencias en 9.100 escuelas públicas.
Organizaciones como la ACLU y representantes de comunidades interreligiosas han manifestado preocupación, señalando que la imposición de textos religiosos puede excluir a estudiantes de otras religiones o sin afiliación religiosa. En otros estados, como Louisiana, leyes similares han sido suspendidas por jueces federales por considerarlas contrarias a la Primera Enmienda, y se espera que la ley texana enfrente desafíos judiciales en los próximos meses.
La procuradora general de Texas, Liz Murrell, anunció que defenderá la medida en los tribunales y está dispuesta a llevar el caso hasta la Corte Suprema si es necesario. Abbott ya cuenta con antecedentes favorables en la defensa de símbolos religiosos, como el monumento a los Diez Mandamientos en el Capitolio estatal, validado por la Corte Suprema en 2005.