El Congreso de los Diputados de España ha dado un paso decisivo al aprobar la tramitación de un proyecto de ley que penaliza con cárcel la práctica de las llamadas “terapias de conversión” para personas LGBT.
La propuesta, impulsada por el PSOE y apoyada por la mayoría de partidos, busca modificar el Código Penal para castigar con entre seis meses y dos años de prisión a quienes apliquen o faciliten métodos destinados a modificar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona.
El texto incluye no solo intervenciones médicas o psicológicas, sino también el acompañamiento pastoral, la oración o cualquier tipo de apoyo espiritual ofrecido por pastores, líderes religiosos o familiares a quienes desean “retornar a la sexualidad bíblica”. La ley considera agravantes si la víctima es menor de edad, si se emplea violencia o si el responsable pertenece a una organización, como una iglesia.
Durante el debate, el diputado socialista Víctor Gutiérrez defendió la iniciativa calificando las terapias de conversión como “una de las peores formas de violencia”, asociándolas a tortura física o psicológica y acusando a iglesias y líderes religiosos de ser los principales responsables de estas prácticas. Los grupos de izquierda han insistido en que cualquier intento de cambiar la orientación sexual debe ser considerado tortura y perseguido penalmente.
Solo el partido Vox votó en contra, advirtiendo que la ley podría llevar a la persecución de personas inocentes, incluyendo pastores y familias que simplemente ofrecen acompañamiento espiritual a quienes lo solicitan. El resto de partidos, incluido el Partido Popular, apoyó la medida, que ahora entra en fase de enmiendas antes de su aprobación definitiva.
La Alianza Evangélica Española (AEE) criticó duramente la propuesta, señalando que distorsiona el concepto de acompañamiento espiritual voluntario y restringe la libertad religiosa e individual. La AEE recordó que la manipulación y la tortura ya están penalizadas en España y que el término “terapias de conversión” se utiliza de forma ideológica para rechazar cualquier ayuda pastoral a quienes desean vivir conforme a su fe.
La organización evangélica denunció la contradicción de la ley, que protege y financia la transición de género pero penaliza la destransición o el retorno al sexo biológico, cuestionando: “¿Dónde está el respeto por la libre determinación del individuo?”. La AEE sostiene que el acompañamiento pastoral no es manipulación ni tortura, sino un derecho de quienes buscan apoyo espiritual.
Actualmente, las terapias de conversión ya estaban prohibidas y sancionadas administrativamente en España por la ley trans y LGTBI, pero la nueva propuesta las eleva a la categoría de delito penal. La reforma contempla también la inhabilitación profesional para quienes trabajen con menores y participen en estas prácticas.
El debate ha generado preocupación en sectores cristianos y defensores de la libertad religiosa, que ven en la ley un riesgo de criminalización de la labor pastoral y de la libertad de conciencia. La medida se enmarca en una tendencia europea, con iniciativas similares en otros países y en el Parlamento Europeo.
Esta ley representa un desafío a la libertad de predicar y acompañar espiritualmente según la fe bíblica. La Biblia enseña que la verdad y la gracia deben ir de la mano, y que cada persona tiene derecho a buscar apoyo espiritual para vivir conforme a sus convicciones.
El llamado es a orar por España y a defender la libertad religiosa, recordando que el respeto y la compasión deben guiar toda acción pastoral, pero sin renunciar a la verdad bíblica. La fe cristiana debe ser respetada en el espacio público y no equiparada injustamente a prácticas de tortura o manipulación.