Las autoridades de Oregón no pueden impedir que una madre cristiana conservadora adopte únicamente porque se opone a la ideología LGBT, dictaminó un panel de un tribunal federal de apelaciones.
Jessica Bates, viuda y madre de cinco hijos, ha demandado a las autoridades estatales y del condado de Oregón por negarse a otorgarle la certificación necesaria para convertirse en madre adoptiva debido a sus creencias religiosas, las cuales le impiden cumplir con una ley estatal que exige a los futuros padres «respetar, aceptar y apoyar» la «orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género» de los niños que buscan adoptar
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de Estados Unidos dictaminó 2-1 el jueves que el Departamento de Servicios Humanos de Oregon le negó injustamente una solicitud de adopción a Jessica Bates, revirtiendo una decisión de un tribunal inferior.
El juez de circuito Daniel A. Bress, designado por Trump, redactó la opinión mayoritaria y escribió que Oregón se equivocó al exigir a los padres adoptivos que se comprometieran a «respetar, aceptar y apoyar» la identidad de género y la orientación sexual autoidentificadas de un niño.
«Consideramos que la política de Oregón viola la Primera Enmienda en su aplicación al caso Bates. Revocamos la denegación de la medida cautelar preliminar por parte del tribunal de distrito y ordenamos que se dicte una», escribió Bress.
Bress dijo que la adopción «no es una zona muerta del derecho constitucional» y que «la concepción general de un estado sobre el interés superior del niño no crea un campo de fuerza contra el funcionamiento válido de otros derechos constitucionales».
«La norma de Oregón, tal como se refleja en los materiales [de capacitación para familias adoptivas y de recursos], restringe y obliga claramente a la libertad de expresión en función tanto del contenido como del punto de vista», continuó.
La situación no sería diferente si el estado hubiera restringido la libertad de expresión de los padres, favoreciendo visiones más progresistas sobre la sexualidad y la identidad de género, y al mismo tiempo obligando a los padres a expresarse según la interpretación más tradicional de Bates.
El juez de circuito Richard R. Clifton, designado por George W. Bush, emitió una opinión disidente, argumentando que el estado «no debería ser impotente para proteger a los niños sobre los que tiene responsabilidad parental y a quienes ha decidido que se les debe respetar».
«Nadie debería tener derecho a exigir al Estado que entregue a sus protegidos y los trate de maneras que, a juicio del Estado, sean irrespetuosas e incluso peligrosas», escribió Clifton.
Oregón ha determinado que la capacidad de respetar la orientación sexual y la identidad de género de un niño es un requisito importante para ser padre de acogida. No nos corresponde cuestionar esa determinación.