La Dra. Livia Tossici-Bolt, científica médica jubilada de 64 años, fue juzgada en marzo de 2025. Los cargos se debieron a que ofreció una conversación en una “zona de contención” designada cerca de un centro de abortos en Bournemouth, Inglaterra.
Livia, italiana de nacimiento, se encontraba cerca de las instalaciones con un cartel que decía: “Aquí para hablar, si quieres”. Varias personas se acercaron a ella para hablar sobre diversos problemas que enfrentaban en sus vidas.
Livia fue procesada por violar una Orden de Protección del Espacio Público (PSPO). Esta orden establecía una “zona de contención” alrededor del centro de abortos, prohibiendo ciertas actividades. Estas actividades prohibidas incluían acoso, intimidación y acciones que aprobaban o desaprobaban los servicios de aborto.
ADF UK, organización dedicada a la defensa de las libertades fundamentales, apoya su defensa legal. Defienden su derecho a ofrecer asistencia y diálogo sin ser penalizada.
“No tiene nada de malo ofrecerse a hablar con personas necesitadas. No tiene nada de malo que dos adultos conversen consensualmente en la calle. No debería ser tratado como un delincuente solo por esto”, dijo Livia para ADF International.
La motivación de Livia para ofrecer conversación pública nació de la soledad post-confinamiento. Inspirada por iniciativas como “abrazos gratis”, transformó un vacío social en un puente humano. Su cartel no era solo palabras: era una invitación a reconectar en un mundo fragmentado.
Estudiantes con dudas existenciales, padres angustiados por sus hijos, y personas en crisis encontraron en Livia un oído imparcial. Cada diálogo se convirtió en un acto de resistencia contra el aislamiento moderno. La calle se transformó en un espacio terapéutico sin jerarquías ni prejuicios.
Su enfoque humanista -prohibir juicios pero abrazar el diálogo- chocó con leyes ambiguas. Al ofrecer apoyo incluso a mujeres con conflictos sobre abortos, desafiaba tabúes sociales sin imponer ideologías. Esta neutralidad compasiva sería precisamente lo que la ley malinterpretaría como amenaza.
El proceso judicial reveló contradicciones alarmantes: testigos admitieron no presenciar acoso, y agentes reconocieron que “hablar no es delito”. Sin denuncias de víctimas reales, el caso expuso cómo las leyes bienintencionadas pueden criminalizar la empatía. La burocracia sustituyó al sentido común.
Las “zonas de amortiguación”, disfrazadas de protección, mostraron su rostro censurador: prohibir “influencia” incluyó hasta la mera disponibilidad al diálogo, lo que se traduce en una democracia occidental acusada de sofocar libertades fundamentales, dice la ADF International.
Este caso simboliza la batalla entre seguridad mal entendida y libertades civiles. Como advirtió el diputado Edward Leigh, criminalizar conversaciones pacíficas erosiona la esencia misma de la democracia.
El veredicto determinó que es condenada por ofrecer una conversación consensuada en el caso de la “zona de contención” del centro de abortos de Bournemouth. El juez dictamina que ver su cartel fue suficiente para “intimidarlo”.
La fiscalía exige 64.000 libras en costas; el juez determinará cuánto pagará Livia.